(Por Jose Antonio Domínguez Silgado) – Sin escudo protector en sus funciones careciendo de autoridad. En el tejido de la seguridad privada en España, el año 1992 marcó un punto de inflexión crucial, no solo en términos de desarrollo social y económico, sino también en la transformación de la percepción y el rol de los vigilantes de seguridad. ¿El cambio más evidente?: la erosión gradual de la autoridad que alguna vez caracterizó a estos profesionales. En ese año, España vivía una metamorfosis palpable. La celebración de los Juegos Olímpicos en Barcelona simbolizaba la apertura del país al mundo, una nueva era de modernidad y progreso. Sin embargo, en el contexto de la seguridad privada, se desencadenó un proceso que, con el tiempo, ha erosionado la percepción de la autoridad de los vigilantes.
Antes del 1992, el respeto hacia estos profesionales era palpable. Se les reconocía como pilares fundamentales en la protección de bienes y personas. Su uniforme no solo representaba una presencia disuasoria, sino un símbolo de respeto y confianza. Sin embargo, tras esa década, algo cambió.
La pérdida de los principios de autoridad se teje con varios hilos. Los cambios legislativos, si bien buscaban adaptarse a una sociedad en evolución, también introdujeron modificaciones en la percepción social de los vigilantes. Las restricciones impuestas en el ejercicio de su autoridad, aunque necesarias en algunos casos, llevaron a una disminución en su capacidad para actuar con eficacia en situaciones críticas.
El control más estricto sobre su capacidad de intervención, las regulaciones más rígidas y, en algunos casos, la percepción de que su labor se vio desplazada por las fuerzas del orden público, contribuyeron a una pérdida progresiva de la autoridad que alguna vez poseyeron.
¿Qué implicaciones tiene esta pérdida de autoridad? Va más allá de la mera percepción. Impacta en la efectividad de su labor. La disminución en su capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo o emergencia, la sensación de vulnerabilidad y la falta de apoyo para desempeñar roles críticos en la protección de personas y bienes son algunas de las consecuencias más evidentes.
La seguridad privada es un pilar fundamental en una sociedad moderna. Recuperar y reforzar los principios de autoridad de los vigilantes de seguridad es crucial. Esto no significa un retorno a prácticas autoritarias, sino un equilibrio entre autoridad y responsabilidad, brindando a estos profesionales la capacidad de actuar efectivamente en situaciones críticas sin menoscabar los derechos individuales.
Conclusión: El 1992 en España marcó un antes y un después en muchos aspectos. En el sector de la seguridad privada, es crucial reflexionar sobre ese legado y trabajar en la restauración de los principios de autoridad, reafirmando así el papel esencial que desempeñan los vigilantes en la protección de nuestra sociedad. A lo largo del tiempo los cambios en las leyes de seguridad privada han restringido sus capacidades para intervenir en ciertas situaciones y han requerido una mayor demanda de su profesionalización y formación para que refuerce su autoridad con una legislación que respalde el principio de autoridad, teniendo así una mayor garantía jurídica para su salvaguarda del ejercicio de sus funciones.
