(Por Vigilante Enfurecido) – Mis queridos gorrioncillos, en España hemos reinventado la huelga: los vigilantes del aeropuerto de Madrid podrán protestar… trabajando como siempre. El Gobierno lo llama “servicios mínimos”, pero en realidad es un servicio máximo con bozal incorporado. Si la Constitución reconoce el derecho a la huelga, aquí se ha reducido a un derecho decorativo, de postal, algo que se puede enmarcar pero jamás ejercer. Porque claro, ¿qué sería de un país sin vuelos low cost pero con trabajadores con derechos?. Porque claro, es que lo “esencial” en este país no es que los vigilantes de seguridad trabajen con condiciones dignas, sino que ningún turista pierda su vuelo a Londres o que el duty free siga despachando botellas de whisky a precio de oro. El Estado se apresura a blindar la terminal como si fuese Fort Knox, no para proteger a los trabajadores, sino para que la cola del embarque fluya y nadie se acuerde de que hay una huelga. Huelga sí, pero invisible. Un derecho convertido en atrezo, una protesta reducida a nota a pie de página, porque aquí el único derecho fundamental que parece intocable es el de volar barato mientras otros sudan la camiseta bajo la etiqueta de “servicios mínimos del 100 %”.
Que en los aeropuertos el Ministerio de Transportes (antes Fomento) acostumbre a marcar servicios mínimos del 90 o incluso del 100 % ya no sorprende a nadie. La excusa es siempre la misma: “no se puede paralizar el transporte de pasajeros”. Traducido: los turistas no pueden perder el vuelo, pero los trabajadores sí pueden perder su derecho a la huelga. En cada conflicto en Barajas o El Prat se repite el mismo teatro: resoluciones de la Delegación de Gobierno que blindan el aeropuerto como si fuera una catedral del consumo, con un ejército de vigilantes obligados a mantener la normalidad. ¿El argumento?: Que el tráfico aéreo es “esencial” y el aeropuerto una “infraestructura crítica”. Pero el Tribunal Constitucional jamás ha dicho que eso signifique barra libre para imponer un 100 %. Al contrario, ha dejado claro que los mínimos deben ser “indispensables para lo esencial”, no para que los duty free sigan vendiendo tabaco sin colas.
El problema es que la Administración ha convertido esa etiqueta de “infraestructura crítica” en un escudo de goma para hacer lo que le da la gana. Y como muchos sindicatos no tienen tiempo, dinero o fuerzas para plantar cara en los tribunales, esas resoluciones acaban consolidándose como si fueran dogma. Así se fabrica la gran mentira: que lo habitual es legal. Si alguien se atreviera a impugnar en serio, un juez podría tumbar sin pestañear ese 100 % por desproporcionado. Porque incluso en un aeropuerto se pueden reducir turnos, limitar filtros o priorizar solo los vuelos esenciales. Lo que no se puede es anular un derecho constitucional para que no se retrase un embarque. Lo que Fomento hace de costumbre no es Derecho, es política de paripé. El TC y la OIT lo tienen claro: 100 % de mínimos = huelga anulada = inconstitucional. Todo lo demás es humo institucional para que el viajero ni note que los que le protegen están protestando.
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