(Por Jose Antonio Domínguez Silgado) – El 18 de septiembre, durante la celebración del Día de la Seguridad Privada en la Comunidad Valenciana (Universidad CEU San Pablo, Valencia), se vivió un momento que aquellos vigilantes habilitados nunca esperaron presenciar. Un día pensado para reconocer la labor profesional de quienes están habilitados por el Ministerio del Interior terminó empañado por una decisión que generó malestar e incredulidad: la Policía Nacional entregó menciones honoríficas a auxiliares de servicios de empresas de seguridad.
¿Qué dice la normativa?
La Ley 5/2014 de Seguridad Privada es clara: sólo aquellos trabajadores que posean habilitación oficial tras superar la formación y pruebas exigidas pueden considerarse personal del sector de seguridad privada para todos los efectos legales. Por otro lado, la Orden INT/318/2011 regula las menciones honoríficas de clase A y B, las cuales están reservadas exclusivamente para quienes, como vigilantes habilitados, realizan labores que conllevan responsabilidad, riesgo o servicios de especial trascendencia social. Los auxiliares de servicios (conserjería, apoyo, tareas auxiliares) están fuera de ese marco legal: no asumen los mismos riesgos, ni tienen la misma formación ni habilitación; por tanto, según la legislación vigente, no deberían recibir reconocimientos que especifican y están diseñados para quienes sí cumplen esos requisitos.
El acto y la reacción
En el auditorio lleno de vigilantes habilitados, la entrega de dos menciones a auxiliares (pertenecientes a empresas como Securitas y Prosegur) fue recibida con sorpresa, algunos rostros de enfado, murmullos discretos pero generalizados. Para varios asistentes fue una falta de respeto: quienes estudian, se examinan, trabajan bajo responsabilidad, muchas veces en condiciones difíciles, vieron cómo se diluía el significado del reconocimiento al equipararlo con personas que legalmente no forman parte del mismo escalón profesional. El acto, concebido para ser una jornada de orgullo colectivo, se tornó en motivo de decepción para muchos profesionales que esperaban que la autoridad reconociera su esfuerzo de forma acorde con el marco legal.
Consecuencias y por qué importa
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Confusión pública: Cuando quienes escuchan noticias del sector no saben distinguir lo que significa “habilitado”, “auxiliar”, “vigilante habilitado”, se genera una percepción distorsionada del trabajo de muchos.
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Desprestigio profesional: Si los reconocimientos dejan de distinguir legalmente entre categorías, la valoración del vigilante habilitado baja, y la diferenciación que exige la ley se torna borrosa.
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Desvalorización de los requisitos legales: Estudiar, formarse, examinarse, cumplir habilitación – todo eso cuesta esfuerzo, tiempo y sacrificio. Cuando la autoridad misma entrega distinciones omitendo esos criterios, se debilita la importancia de esos requisitos.
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Descontento del colectivo: Muchos profesionales se sienten menos valorados, pues para ellos el reconocimiento no es solo simbólico, sino un componente de su dignidad laboral.
No se trata de negar ni minimizar el valor del auxiliar de servicios, cuya labor de apoyo puede ser útil y necesaria. Se trata de exigir coherencia legal y ética. Un reconocimiento para quien no está habilitado puede ser bienintencionado, pero si va contra lo que establecen las leyes, sólo sirve para generar confusión y malestar. Si la Policía Nacional, garante de la aplicación de la Ley de Seguridad Privada, entrega mencionas fuera del marco legal, el mensaje que se transmite es claro: los límites legales pueden ser ignorados, y el valor profesional puede depender más del acto simbólico que del cumplimiento de requisitos.
¿Qué debería hacerse?
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Rectificación institucional: que se revise la entrega de las menciones y se retire la atribución incorrecta, o al menos se aclare públicamente el error.
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Mejor comunicación normativa: que tanto los organizadores como los asistentes entiendan qué significa ser personal habilitado, qué derechos conlleva, qué reconocimientos legales están reservados para ello.
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Compromiso con el valor real: que en futuras convocatorias de reconocimientos se respete estrictamente lo que marca la normativa: habilitación, riesgo, responsabilidad.
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Unidad dentro del sector: que los vigilantes reivindiquen que su profesión sea valorada conforme a lo que exige la ley, sin gestos simbólicos que diluyan categorías profesionales.
Lo sucedido en Valencia no es un error menor: es una herida a la dignidad de quienes trabajan para proteger, cumplir requisitos legales y ofrecer profesionalidad día tras día. Si queremos que el Día de la Seguridad Privada mantenga su sentido, debe basarse en la norma, el mérito y el respeto real.
