(Por SoySeguridadPrivada) – La huelga indefinida iniciada por los Vigilantes de Seguridad del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, empleados por la empresa Sureste Seguridad, ha encendido las alarmas en el sector. No solo por el impacto operativo en uno de los principales nodos aeroportuarios de Europa, sino por lo que representa: un nuevo capítulo en la lucha por la dignidad laboral de los profesionales de la seguridad privada.
Desde el 1 de septiembre de 2025, los Vigilantes han decidido paralizar sus funciones en protesta por una serie de incumplimientos que, según denuncian, se arrastran desde hace meses. Entre las principales reivindicaciones se encuentran:
– Falta de personal que obliga a realizar turnos excesivos y cubrir puestos sin relevo.
– Retrasos en el pago de nóminas y pluses, especialmente en nocturnidad y festivos.
– Condiciones laborales degradadas, con escasez de medios técnicos y ausencia de formación continua.
Consecuencias directas
– Sobrecarga de trabajo: Los vigilantes deben cubrir múltiples funciones simultáneamente —filtros de empleados, patrullas perimetrales, vigilancia en zonas públicas y tratamiento de equipajes— sin refuerzos adecuados.
– Absentismo y bajas médicas: Las condiciones laborales han provocado un aumento de las bajas por estrés, lesiones y agotamiento físico.
– Riesgos operativos: La falta de personal ha derivado en situaciones de riesgo, como agresiones durante el desalojo de indigentes en las terminales, una tarea que AENA ha delegado sin refuerzo adicional.
– Desprotección básica: Se han reportado incluso carencias de recursos mínimos como agua potable en los puestos de trabajo, lo que agrava el malestar general.
La huelga ha sido convocada por el sindicato Ates, con un seguimiento que supera el 80 % en los primeros días, según fuentes sindicales. La empresa, por su parte, ha optado por una estrategia de silencio institucional, limitándose a activar servicios mínimos que, según los trabajadores, no cumplen con los estándares de seguridad exigidos por AENA. Según el sindicato ATES, la plantilla actual ronda los 530 vigilantes, pero existe un déficit estructural cercano al 30 %, especialmente en los turnos nocturnos, donde la presión operativa es mayor y los recursos humanos más escasos. Esto significa que, en la práctica, más de 150 puestos están sin cubrir de forma regular.
Si realizamos un análisis crítico, este conflicto no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia preocupante: la externalización de servicios de seguridad en infraestructuras críticas, donde el precio prima sobre la calidad. Las licitaciones públicas, cada vez más ajustadas, obligan a las empresas adjudicatarias a recortar en lo único que pueden: las condiciones de sus trabajadores. El vigilante de seguridad, figura clave en la protección de personas e instalaciones, sigue siendo tratado como un recurso prescindible. La falta de reconocimiento institucional, la invisibilidad mediática y la precariedad salarial configuran un escenario que roza lo insostenible. Barajas no es solo un aeropuerto. Es un símbolo. Y que sus Vigilantes se vean obligados a recurrir a la huelga para exigir lo básico —salario justo, plantilla suficiente, respeto profesional— debería ser motivo de reflexión para todo el sector.
¿Qué está en juego?
– La seguridad operativa del aeropuerto, especialmente en zonas sensibles como accesos restringidos, control de equipajes y vigilancia perimetral.
– La imagen del sector, que queda expuesta ante la opinión pública como un gremio maltratado y sin respaldo institucional.
– El futuro de la profesión, que necesita urgentemente una revisión normativa que garantice condiciones dignas y formación especializada.
Uno de los trabajadores en huelga, que ha preferido mantener el anonimato, lo resume así: “No pedimos privilegios. Pedimos lo que cualquier profesional merece: respeto, salario justo y condiciones para hacer bien nuestro trabajo. La seguridad no puede ser low cost.” La huelga de Barajas es más que una protesta. Es un grito colectivo que exige ser escuchado. Los Vigilantes de Seguridad no son un apéndice del sistema: son su columna vertebral. Y si el Estado, las empresas y la sociedad no lo reconocen, el sistema entero corre el riesgo de fracturarse.
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