(Por SoySeguridadPrivada) – En este país España, donde los Vigilantes de Seguridad son, con demasiada frecuencia, las sombras invisibles que custodian nuestras infraestructuras más importantes, uno de ellos osó destacar por algo que pocos esperaban: cumplir su trabajo. Y lo pagó con su puesto. El Vigilante del aeropuerto de Barajas que aquella noche del 20 de enero de 2020 se cruzó con Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, persona con acceso prohibido al espacio Schengen, vivió en primera persona lo que suele ocurrir cuando se interponen los hechos y la política. Mientras el entonces ministro José Luis Ábalos tejía una narrativa pública que negaba la presencia de las maletas de la delegación venezolana, este vigilante cometió el craso error de hacer algo que le enseñaron el primer día en su puesto: observar, reportar y cumplir con su deber.
Tras un largo interrogatorio en los días posteriores al incidente, este profesional de la seguridad decidió tomar un camino poco habitual: certificar ante notario lo que había visto esa noche. Sí, la señora Delcy Rodríguez, pese a la supuesta prohibición de pisar suelo Schengen, estaba allí. Y sí, las maletas, esas mismas que no deberían haber estado en el aeropuerto, pasaron frente a sus ojos. El documento firmado se convertiría en la piedra en el zapato de una operación de encubrimiento político que ha dado de qué hablar durante años.
Lo curioso del caso es que en vez de ser valorado por su integridad y dedicación, el vigilante fue despedido de manera fulminante poco después de destapar el pastel. En el país del «todo va bien si miras hacia otro lado», su osadía de cumplir con las normas no fue ni celebrada ni premiada, sino penalizada.
Imagina, por un momento, estar en su lugar. Sabes lo que viste, sabes que tu trabajo es reportar lo que ocurre bajo tu vigilancia, y decides hacerlo. No solo lo haces de manera interna, sino que, reconociendo que esto podría ser un tema de mayor trascendencia, certificas los hechos ante un notario. Sin embargo, el reconocimiento que esperabas no llega. Al contrario, de pronto te encuentras en la calle, despedido fulminantemente, y fuera de la empresa, con la sensación de que tu compromiso con la verdad ha sido el peor error de tu vida profesional.
Lo que ocurrió con este Vigilante es un reflejo perfecto de lo que pasa en la seguridad privada: somos los peones descartables en una partida de ajedrez mucho más grande, en la que los intereses políticos y económicos mueven las piezas. Y cuando una de esas piezas decide seguir las reglas, es rápidamente eliminada del tablero.
El caso Ábalos no es solo un escándalo sobre maletas y aviones. Es un ejemplo claro de cómo, en este país, los que se mantienen firmes en la verdad pueden pagar un precio muy alto. No estamos hablando de un superhéroe o un activista; estamos hablando de un trabajador normal, un vigilante de seguridad cuyo único «delito» fue cumplir con su trabajo.
Desde que este Vigilante (con mayusculas) quedó fuera del radar mediático, se ha perdido cualquier rastro de él. Ni el Ministerio de Fomento ni los responsables aeroportuarios han dado explicaciones sobre su despido. Quizás, porque en su fuero interno saben que se trata de una injusticia difícil de justificar. O quizás, simplemente, porque la verdad no siempre vende tan bien como las mentiras cómodas.
Este caso es una señal de alarma para un sector que ya sufre de precariedad laboral y falta de reconocimiento. Los vigilantes de seguridad en España se encuentran en una situación de vulnerabilidad permanente, a menudo ignorados, a menudo desechables. Si algo queda claro tras el «caso Ábalos«, es que cuando el deber choca con los intereses políticos, los que terminan pagando son aquellos que están más abajo en la cadena de mando.
La próxima vez que veas a un Vigilante en un aeropuerto, centro comercial o estación de tren, recuerda esta historia. Tal vez sea uno de esos pocos que aún se atrevan a cumplir con su trabajo, aunque eso les cueste perder absolutamente todo.
