A la deriva ante la crisis

(Por Fenix88) – Nos encontramos en un momento de crisis sanitaria, que a nivel económico ha actuado como detonante de una crisis económica ya prevista por grandes economistas de la talla de don José María Gay de Liébana o don Santigo Niño Becerra. Por desgracia, estoy seguro que esta crisis afectará al sector de la seguridad privada de forma indirecta, debido a la reducción de la actividad de los clientes y por ende, de su presupuesto para seguridad. 

En lo que nos concierne a nosotros, como trabajadores, vamos a ser la parte peor parada, en un sector donde la demanda de trabajo potencial está reventada, pues ya se ha encargado de que así sea la patronal con la complicidad del Estado y de la Policía Nacional, mediante las más de 260.000 personas habilitadas mediante tarjeta de identificación personal para ejercer de vigilantes de seguridad por el Ministerio del interior.

No hace falta ser adivino, tan solo se necesita observar con un poco de espíritu crítico los datos facilitados por la propia APROSER (La asociación de compañías privadas de servicios de seguridad de España), que además de patronal, no deja de ser una puerta giratoria para miembros de las FCSE a diferentes niveles.

En primer lugar, debemos de tener en cuenta que partimos de una situación en la cual la vigilancia privada alcanzó una facturación de 2444 millones de euros en 2018 en España, un 60% del total de los beneficios del sector, sin tener en cuenta las alarmas y otros servicios de seguridad privada.

Asimismo, en el año 2018, la actividad en el sector de la vigilancia privada se incrementó en un 1.63%, alcanzando los 84.125 profesionales en activo, con lo cual, del total de TIPS expedidas por el ministerio del Interior está ejerciendo en la actualidad como vigilante de seguridad apenas un irrisorio 32% del total del personal habilitado.

En segundo lugar, es la propia patronal del sector la que apunta como principales problemas de la seguridad privada en España: ”la competencia desleal, los bajos precios de licitación en los concursos, la insuficiente correlación entre riesgo asumido/rentabilidad, la inseguridad jurídica, el intrusismo laboral y los problemas de regulación”.

Por lo tanto, son problemas que parten de la propia patronal, pues si el Estado endureciera las sanciones contra las denominadas “empresas de seguridad piratas”, el sector quedaría en manos de un oligopolio encabezado por las dos empresas más grandes, mientras que las licitaciones más bajas podrían quedar repartidas entre las demás empresas acordando un “suelo” de precios coherente. 

Con ello evitarían la competencia desleal, que está trayendo graves consecuencias para el sector, como la desprofesionalización del mismo a costa de unos salarios de miseria fijados vergonzosamente en el Convenio Colectivo, a la sazón retrasado deliberadamente para desgracia de los trabajadores, con la complicidad de unos sindicatos mayoritarios corruptos y vendidos a la patronal, e imitados por el resto, donde tan solo brillan excepcionalmente las acciones concretas y concretas de algunos sindicalistas que cumplen su deber.

Finalmente, nos encontramos con la situación actual, con un sector envejecido, donde la edad media de los trabajadores, que no dejamos de ser el servicio de seguridad ofrecido a los clientes, supera la media de los 46 años de edad. Predomina la presencia masculina por encima de cuerpos de seguridad pública, que debería ser el modelo a imitar, de modo que mientras que en Mossos d’Esquadra la presencia femenina alcanza el 21% del total, en seguridad privada la presencia femenina en activo se reduce al 13%, alcanzando un total de 11.000 vigilantes femeninas. Dicha escasez es entendible, pues las mujeres pueden encontrar la misma o frecuentemente mayor remuneración económica en puestos de menor responsabilidad y riesgo, algo que también ocurre con los varones más jóvenes.

En consecuencia, la crisis golpeará a un sector que se estaba muriendo por sí solo a manos del capitalismo salvaje y de la competencia, sin intervención del Estado español, que ha demostrado una despreocupación total mediante la ausencia del Reglamento de acompañamiento de la Ley de Seguridad Privada de 2014, intentos de desregulación sectorial, desaparición de actividades propias y normativas y sentencias contradictorias, como la reciente del Tribunal Supremo 873/2018, que pone en riesgo una contratación socialmente responsable al desincentivar la concurrencia a los procesos de licitación. En definitiva, despreocupación del gobierno y de la cámara legislativa ante la seguridad privada, que debería de ser complementaria a la seguridad pública en la esfera de lo privado y un reflejo de los valores de la sociedad.

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