(Por Jose Antonio Domínguez Silgado) – En el ámbito de la seguridad privada, pocos sectores son tan cruciales como el aeroportuario. Los vigilantes de seguridad que trabajan en los aeropuertos desempeñan un papel vital en la protección de millones de pasajeros y en la salvaguardia de infraestructuras críticas. Sin embargo, surge una pregunta que ha ganado relevancia en los últimos tiempos: ¿están estos servicios aeroportuarios operando bajo un modelo de cortijo privado, impulsado por AENA y AESA, donde las condiciones laborales y la exigencia de formación especializada crean un entorno de explotación?.
AENA y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) han establecido estándares elevados para los vigilantes de seguridad que operan en los aeropuertos. Estos estándares incluyen no solo un riguroso proceso de formación, que abarca desde la detección de explosivos hasta la gestión de crisis en situaciones de emergencia aérea, sino también la necesidad de adaptarse a tecnologías avanzadas y protocolos de seguridad específicos del entorno aeroportuario.
Sin embargo, la implementación de estos requisitos ha generado controversia. Los vigilantes se enfrentan a la carga de financiar parte de su formación especializada sin un aumento proporcional en sus salarios. Además, a pesar de las altas exigencias, las condiciones laborales siguen siendo subóptimas en muchos casos. Los contratos temporales, la falta de estabilidad y la sobrecarga de trabajo son problemas recurrentes que afectan directamente la calidad de vida de estos profesionales. Estas demandas de formación avanzada, junto con condiciones laborales que no siempre son atractivas, limitan el número de candidatos adecuados y contribuyen a una alta rotación en estos puestos.
La estructura de poder en los aeropuertos, donde AENA y AESA dictan las normas, ha sido criticada por crear un entorno que beneficia principalmente a las entidades gestoras y a las grandes corporaciones, mientras que los vigilantes de seguridad, esenciales para el funcionamiento seguro de estas instalaciones, ven cómo sus derechos laborales y expectativas profesionales quedan en un segundo plano.
La percepción de que el servicio aeroportuario opera como un «cortijo privado» se intensifica cuando se observa la falta de diálogo y negociación efectiva entre las empresas de seguridad, los vigilantes y las autoridades. Este modelo centralizado y verticalista favorece a unos pocos, dejando a los vigilantes con pocas opciones para mejorar sus condiciones, a pesar de la importancia crítica de su trabajo. Además las empresas de seguridad enfrentan dificultades para encontrar personal adecuado para trabajar en aeropuertos, en gran parte debido a las exigencias de formación específica impuestas por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) y AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea).
El servicio de seguridad en los aeropuertos no debería ser un terreno exclusivo donde solo unos pocos se beneficien a costa de la mayoría. Es esencial que se reevalúe el enfoque de AENA y AESA respecto a la formación y condiciones laborales de los vigilantes de seguridad. La seguridad en los aeropuertos es un asunto de interés público, y como tal, requiere de un enfoque más inclusivo y equitativo.
En resumen, la seguridad aeroportuaria es un pilar fundamental que merece ser gestionado con justicia y respeto hacia quienes la garantizan. Es momento de que AENA y AESA tomen medidas para que el servicio de seguridad no se perciba como un «cortijo privado», sino como un sector donde todos los actores involucrados reciben el reconocimiento y las condiciones laborales que merecen.
